El municipio de Santiago de Chile acusó formalmente a la Contraloría General de la República por presunta ilegalidad en un decreto que modificó una ordenanza de construcción. La denuncia, publicada por el diario *latercera.com*, señala que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al alterar normas que regulan la edificación en la ciudad. Según el municipio, esta acción debilita la autonomía municipal y genera riesgos de sobreedificación en la zona.
La Contraloría, institución encargada de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, fue notificada de esta denuncia. El municipio argumenta que el proceso de participación ciudadana fue deficiente, lo que viola principios de transparencia y democracia en la toma de decisiones urbanas. La institución fiscalizadora deberá analizar si el decreto fue emitido conforme a la legalidad vigente.
La situación refleja un desacuerdo entre el Ejecutivo y las autoridades locales sobre el control de la construcción en la capital. Esta tensión podría tener implicaciones en la planificación urbana y en la relación entre los poderes públicos. La Contraloría aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la denuncia.
